Editorial de El Comercio: TC debe poner fin a abusos con autos usados

> El tema es tan serio e involucra tantos intereses de grupos económicos que ha llegado al mismo Tribunal Constitucional

Debe ponerse fin a la indebida importación de autos chatarra merced a polémicas acciones de amparo suscritas por jueces venales. El tema es tan serio e involucra tantos intereses de grupos económicos que ha llegado al mismo Tribunal Constitucional, que afortunadamente ha tenido en el pasado pronunciamientos correctos sobre la materia.

Esta semana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha presentado ante dicha instancia una demanda por conflicto de competencias contra el Poder Judicial. Se busca con ello frenar el ingreso al país de unidades que excedan la antigüedad permitida por la ley, es decir de hasta dos años para autos petroleros y cinco años para gasolineros.

El problema de fondo es la descomedida actitud de algunos jueces que han venido perforando la norma prohibitiva al aceptar absurdas e írritas acciones de amparo interpuestas por importadores de vehículos de segunda mano.

Así, han seguido ingresando autos de 15 a 20 años de antigüedad, muchos de ellos siniestrados en sus países de origen y altamente inseguros y contaminantes, lo que es realmente escandaloso y aberrante.

Se da además la circunstancia agravante de que dichos amparos se interponen en cualquier lugar del país, con la alevosa intención de ganar tiempo e ingresar los vehículos prontamente, antes de que el MTC atine a responder. Y, hasta donde se sabe, los jueces que actúan de modo tan groseramente ilegal siguen actuando impunemente, sin que los organismos de control judicial los sancionen como se merecen.

Tal situación no puede continuar. De allí la necesidad de que el Tribunal Constitucional ponga coto, de una vez por todas, a esta espiral de desorden, ilegalidad y corrupción que tanto daño hace no solo a los eventuales compradores de esos vehículos chatarra, expuestos a una mayor incidencia de accidentes de tránsito, sino también al medio ambiente y a la industria automotriz legalmente constituida, contra la que compiten de modo desleal.

En el pasado reciente, el Tribunal Constitucional, con buen criterio, dejó sin efecto los fallos de varios juzgados del país que habían aceptado diversas acciones de amparo para permitir el ingreso de vehículos usados.

Ahora se espera que el TC reconozca, como manda la Carta Magna, la competencia del MTC y del Poder Ejecutivo, para ordenar y legislar sobre la materia, al implementar políticas de seguridad y ambientales que prohíben la entrada de vehículos antiguos, inseguros y contaminantes. Todo ello con normas firmes que de ninguna manera vulneran el principio de irretroactividad ni el derecho a la libre contratación y al trabajo, como pretextan algunos malos magistrados.

Esta esperada decisión del máximo organismo de control constitucional debe marcar un firme precedente de respeto al orden y a la ley, que ponga fin a las interpretaciones arbitrarias, antojadizas y sospechosas de algunos malos jueces.