En tales procesos, el Poder Judicial aplicó el fallo vinculante del Tribunal Constitucional, que declaró la constitucionalidad de las normas dictadas por el MTC sobre importación de vehículos y autopartes usados, y además dispuso que se abra investigación contra los magistrados que desacaten el precedente vinculante.
Ayer durante una conferencia de prensa, el ministro del sector, Enrique Cornejo, agregó que el Ministerio Público, acatando el mencionado fallo, también resolvió abrir investigación por el presunto delito de prevaricato contra 10 magistrados del Poder Judicial, involucrados en este tipo de juicios.
Anunció, asimismo, una serie de medidas para evitar posibles irregularidades en la importación de vehículos y autopartes usados, las que estarán contenidas en un decreto supremo que –según adelantó– será publicado en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano.
“Queremos cerrar todos los resquicios posibles para evitar que alguien busque evadir la ley”, anotó el ministro, quien deploró que en el Congreso de la República, mediante un proyecto ley, se pretenda prorrogar la autorización de importación de autos de segundo uso por la ciudad de Tacna.
Incluso advirtió que también se pretende modificar el máximo de tiempo de uso que deben tener los vehículos de segunda mano que ingresan al país, que es de cinco años para los gasolineros y de dos años para los que funcionan con diésel.
Nuevas medidas
En cuanto a las nuevas medidas, indicó que el decreto supremo establece la obligación del importador de acompañar la Declaración Única de Aduanas (DUA) con el original del título de propiedad o del último certificado de inspección técnica vehicular que se haya realizado en el país de origen del vehículo.
Con ello se podrá acreditar que esta unidad tiene un recorrido menor o igual al que se señala en la fecha de embarque.
El texto de la misma norma, según Cornejo, definirá con mayor amplitud cuándo se considera que un vehículo está en condición de siniestrado y, por tanto, impedido de ingresar al país.
Tal definición incluirá los conceptos de pérdida total, desmantelamiento, inundación, aplastamiento, entre otros.
Otra de las obligaciones de quien pretende ingresar vehículos usados del país será el uso de los sistemas de consulta vía web del historial de los vehículos, para así verificar el estado de los mismos en su país de procedencia.
“No se podrán expedir reportes que permitan su importación si se determinan discrepancias entre la información contenida en los sistemas de consulta y la documentación presentada”, dijo el ministro, al señalar que de esta manera “se cierra otra brecha”.
El titular del MTC también mencionó que en la nueva norma se incorporará el concepto de responsabilidad solidaria de los importadores, comercializadores, talleres de reacondicionamiento de vehículos usados y los que participen en la cadena de comercialización, respecto a la calidad de los mismos.
De esta manera, se busca que ninguna de las partes eluda el problema que le corresponde, si éste se presenta.
Garantía
En cuanto a los talleres que efectúan la reparación y el reacondicionamiento de vehículos usados, Cornejo dijo que ellos tienen la obligación de darles a los propietarios de las unidades una garantía por el plazo de seis meses o 10,000 kilómetros de recorrido, por defectos en los materiales utilizados, montaje, fraude en el recorrido o cualquier otro defecto.
Advirtió también que las entidades verificadoras, certificadoras, talleres de conversión e ingenieros acreditados serán sancionados con la caducidad de su autorización o acreditación, en caso de que incumplan las normas dictadas sobre importación de vehículos y autopartes usados.
Bono del chatarreo
Más adelante, Cornejo dijo que coordinará con las autoridades locales para iniciar el programa integral piloto de seguridad vial en tres distritos de Lima, en el que se incluirá el bono del chatarreo, para dar de baja a unidades que ya no deben circular debido a su antigüedad.
Añadió, finalmente, que las empresas privadas no se han interesado aún por participar en este proceso, pero remarcó que de todas maneras comenzará antes de diciembre, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 50 millones de dólares.
Fuente: Andina
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